Sobre el contrato de atención a la dependencia
El miércoles celebramos un pleno extraordinario y urgente en la Diputación de Málaga para prorrogar el principal contrato de la institución: 23 millones de euros para la atención a domicilio de personas dependientes.
Cuando se convoca un pleno así es porque quien gobierna no ha hecho el trabajo previo: preparar un nuevo concurso. Así que más bien lo que acaba pidiendo el gobernante es una prórroga para él. Andamos con este tema desde 2018.
Los informes de la Secretaría y de la Intervención son contrarios y bastante críticos con la gestión del gobierno provincial en materia de contratación. Ni siquiera el presidente ha tomado la palabra para defender la gestión de la diputada delegada, o sea, su gestión. Mutis por el foro.
A tenor de las intervenciones de la diputada, que ni siquiera ha abierto el turno de debate defendiendo su propuesta, hemos de concluir que la estrategia ha sido defensiva (somos bastante misericordiosos), pero con poco empeño, dicho sea de paso. Ni voluntad ni acierto.
Maquinaria a punto del colapso
De puntillas han querido pasar hoy en un asunto que afecta a miles de usuarios y trabajadoras (la mayoría auxiliares de atención). Pero no han podido, porque había sólidos argumentos jurídicos, organizativos y políticos.
Es preocupante que la Diputación de Málaga no pueda, con este equipo de gobierno, sacar adelante un contrato -el más cuantioso económicamente y con un gran impacto social- y tenga que recurrir a seis prórrogas, una forzosa y a esta continuación que es calificada por el Interventor un «fraude de ley». La recortada maquinaria está al borde del colapso. Es evidente que el servicio de Contratación necesita un refuerzo de personal, al igual que la Secretaría General e Intervención.
Lo peor: que me daba la sensación de que a nadie de la bancada de enfrente le importaba la cuestión. Que era un trámite de 23 millones de euros, eso sí, extraordinario y urgente.
